El nueve de septiembre del presente año ha dado inicio la gestión de la nueva Procuradora para los Derechos Humanos Licenciada Raquel Caballero de Guevara, con setenta y un votos de la Asamblea Legislativa; luego de dar seguimiento a una serie de entrevistas en varios medios de comunicación el día seis de octubre del presente año envié comunicación escrita a la señora Procuradora para poder aportar sobre el tema de las VÍCTIMAS como un área de la criminología y expresarle con mucha tristeza como las víctimas de la violencia, delincuencia y crimen organizado no tienen una atención y seguimiento integral. Los tres puntos sugeridos para consideración de su plan de trabajo fueron:
1) VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS Y SUS FAMILIARES: la mayoría de ellos quedan en la impunidad, los familiares que son víctimas y muchas veces quedan desamparadas ni siquiera conocen el móvil o la verdad en torno al asesinato de su familiar. El año anterior se registraron de manera oficial 6,657 muertes violentas y este año hasta el 13 de octubre 2016 se registran 4,359 lo que nos muestra un promedio diario de 15.19 muertes violentas, pero hay más víctimas en estas áreas como los desplazamientos forzados internos los cuales en las últimas semanas se les revictimiza ya que algunos funcionarios les acusan de ser parte de estructuras criminales y de quedarse en los campamentos porque allí tienen la comida aseguradora los tres tiempos.
Los micros y pequeños empresarios que son desplazados de un sector territorial a otro para no ser asesinados producto del no pago de la mal denominada «renta». Los salvadoreños que se suman a las víctimas de los denominadas «delitos de bagatela» que amontonan papelearía en sedes policiales y fiscales. Y qué decir de aquellos que buscan a diario abandonar el país y son extorsionados y estafados por los denominados «coyotes» que cobran por anticipado y los dejan abandonados en Guatemala o México con la expectativa que tiene «tres intentos» que en la mayoría de ocasiones nunca llegara como parte del Crimen Organizado.
2) CENTROS PENALES Y BARTOLINAS POLICIALES: donde nuestros privados de libertad se convierten en víctimas, sufren de condiciones infra humanas y deplorables en todo aspecto, se presenta un hacinamiento superior al 330% en centros penitenciarios y en las bartolinas policiales, se experimentan maltratos y todo tipo de tratos no adecuados, contra los derechos humanos fundamentales de toda persona, no importando su condición de privado de libertad, en la mayoría de casos violando el principio constitucional de presunción de inocencia.
Señora Procuradora es URGENTE inspeccionar y supervisar los seis centros penales que se encuentran bajo medidas extraordinarias para garantizar que se brinden las condiciones mínimas que los privados de libertad merecen, revisar cómo va el tema del hacinamiento carcelario sobre el cual hay sentencia y resolución de ser INCONSTITUCIONAL, de igual forma supervisar e inspeccionar las bartolinas policiales donde más de cinco mil privados de libertad experimentan todo tipo de desatenciones y falta de servicios mínimos básicos por aspectos múltiples: presupuesto, instalaciones inadecuadas, no corresponderle a la PNC las detenciones provisionales por espacio prolongados a la primera audiencia, de actitud de sus custodios, etc.
Pero la principal es que como sociedad es el último sector o peldaño de todos, independiente de los delitos, si se trataran con respeto y dignidad los procesos de tratamiento y recuperación fueran más fáciles para lograr reinserción y entregar restaurados a la mayoría de estos ciudadanos. No existe persona que se resista a ser tratado bien.
En los próximos cinco años saldrán en libertad del sistema penitenciario un aproximado de seis mil privados de libertad, ¿qué tipo de personas van al proceso de reinserción? Bajo las condiciones actuales puedo pronosticar que un 50% de los que cumplan su pena pueden volver a reincidir o cometer delitos más graves.
Como sociedad no nos importa y no se le brinda atención a los centros penales, se necesita cumplir condiciones mínimas de dignidad humana. Se requiere asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, trabajadores sociales, antropólogos, criminólogos, entre otros que brinden asistencia.
Por favor haga las gestiones que permitan ingresar a la Cruz Roja, Cruz Verde y Ministerio de Salud a las prisiones, pero en especial a las que están bajo medidas extraordinarias para que brinden servicios indispensables de manera urgente y brinden sus respectivos informes si los derechos humanos básicos y protecciones legales se están cumpliendo.
3) VETERANOS DE GUERRA Y EX COMBATIENTES: producto del conflicto armado finalizado en 1992 y que luego de 24 años muchas de sus demandas no han sido atendidas a pesar que existe una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Estas personas durante años se les han negado sus derechos y prestaciones y de manera sistemática se les ha mentido. Muchos de ellos murieron ya en la lucha y resultados que nunca lograron disfrutar.
En los casos de víctimas de violencia, delincuencia y crimen organizado y los privados de libertad en mi opinión EL ESTADO Salvadoreño y la sociedad los ha abandonado y dado la espalda no midiendo las consecuencias a futuro.
Señora Procuradora he escuchado sus intervenciones con mucha atención y es su deseo manifiesto que usted quiere convertirse en una «Defensora del Pueblo» junto a su Institución, las víctimas de la violencia, delincuencia y crimen organizado, y los privados de libertad son también pueblo y salvadoreños, necesitan que una Institución del Estado vea por ellos pero con pasión y deseo de servir; es mi respetuosa sugerencia que usted pueda impulsar cambios y transformaciones en estas dos grandes áreas donde nadie se preocupa, donde las Asociaciones y ONG no luchan, no hay sindicatos de víctimas ni de privados de libertad.
Por lo anterior me permito de la manera más respetuosa posible RECOMENDARLE:
1. La creación inmediata de una nueva Procuraduría Adjunta para la defensa de los derechos de las víctimas de la violencia, delincuencia y crimen organizado para que reciban atención integral especializada ya que estos delitos y crímenes necesita seguimiento e intervención en otras Instituciones.
2. Se efectúen gestiones con las Universidades y sus departamentos de Asesoría Legal y Asistencia, así como Fundaciones y Asociaciones de Abogados y Notarios para que se nombren querellantes en favor de las víctimas, que los representen y lleguen hasta la etapa final de sus procesos judiciales y de restauración por medio de Convenios de Cooperación y Asistencia.
3. Se nombre y se declare el año 2017 por su Institución «2017 EL AÑO DE LAS VÍCTIMAS» para que por primera vez sean puestas al centro de toda política pública de seguridad ciudadana y prevención y reciban una atención integral de parte del Estado Salvadoreño.
