Por: Pastor Mario Vega.
Una inyección de miles de nuevos miembros de pandillas terminaría por colapsar los muy limitados recursos que actualmente se asignan para la prevención de la violencia.
Usualmente existe una diferencia entre las promesas de campaña de un candidato y lo que la realidad política le permite hacer una vez elegido. El caso de Donald Trump no será la excepción. Es un hecho que su promesa más repetida, la de construir un muro fronterizo que pague México, no se hará realidad. Al menos no con el dramatismo que lo anunció durante la campaña electoral. De hecho, Trump ha ido moderando sus ofertas en la medida que se acerca el día de su toma de posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. De una promesa inicial de deportar a diez millones de indocumentados pasó a hablar de tres millones. Luego, moderó también su discurso en el tema de los “soñadores”, que son los jóvenes que llegaron niños a los Estados Unidos de manera indocumentada y que ahora, muchos de ellos, son muy buenos estudiantes o tienen excelentes trabajos. Durante su campaña ofreció acabar con los decretos en materia migratoria promulgados por el presidente Obama, entre ellos el Plan de Acción Diferida, que beneficia a 750,000 “soñadores”. No obstante, en una entrevista concedida a la revista Time, ya no habló más de terminar con el Plan sino que manifestó que buscaría una manera de “hacer que la gente esté feliz y orgullosa”. Su giro en el tema hizo que incluso sus seguidores del Partido Republicano se sintieran contrariados.
En el regateo con quienes le apoyaron, Trump no puede bajar sus ofertas a cero. De todo lo dicho, algo tendrá que cumplir. Tal vez por eso fue que en la misma entrevista aseguró que deportará a los salvadoreños que son miembros de pandillas diciendo: “Son ilegales. Y llegó su fin”. De la promesa inicial de deportar a diez millones y luego pasar a los tres millones, no sería extraño que terminara deportando al estimado de cinco mil miembros de pandillas del área de Nueva York de los cuales ahora habla. Políticamente, le resulta mucho más viable deportar a cinco mil personas ligadas a delitos que a 750,000 “soñadores” que por su esfuerzo despiertan simpatías. El problema es que aquellos miembros de pandillas serán deportados a nuestro país. Si expulsar a cinco mil personas es nada para la población de los Estados Unidos, para El Salvador la llegada de esa cantidad de miembros de pandillas activos sería catastrófico. No solamente por el incremento directo del número de militantes de pandillas sino también por las disputas por liderazgos que pudieran provocar. Esas disputas se traducirían en un incremento de la violencia y podrían segar muchas vidas de inocentes. El efecto sería terrible para nuestra sociedad.
Esa situación, bastante probable, tomará sin prevención a un Estado que ha demostrado ya bastantes dificultades en el manejo de la violencia y que no le vemos tomar ninguna providencia en relación al anuncio del futuro presidente estadounidense. Una inyección de miles de nuevos miembros de pandillas, terminaría por colapsar los muy limitados recursos que actualmente se asignan para la prevención de la violencia. Ante esa posibilidad, las iglesias deben aceptar el desafío inevitable que para ellas significa. Todavía las pandillas conservan la puerta abierta para aquellos jóvenes que por medio de la conversión sincera desean cambiar su estilo de vida. Eso coloca a las iglesias en la posición inexcusable de extender sus manos de misericordia para quienes erraron el camino y cayeron en el torbellino de la violencia. Si las iglesias no lo hacen, nadie lo hará y las consecuencias las pagaremos todos.
