Por Juan Carlos Carcamo PhD Th
La fiscalía General de la Republica ha presentado a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la legislación salvadoreña con el objetivo de dar soporte a las operaciones de seguridad pública, incorporando nuevos delitos y reformando algunos otros, de modo que se puedan perseguir una serie de prácticas que han demostrado ser utilizadas por grupos al margen de la ley para consolidarse en los territorios. Entre algunos de los nuevos ajustes a las normas que se estarían revisando como parte de este paquete de reformas serian el hecho de aumentar la pena para el delito de homicidio simple y allanamiento de morada además de ocho reformas a los procedimientos de investigación del delito, entre otros, todos ellos vendrían a llenar un vacío en nuestro Estado de Derecho y lo cual ha venido facilitando a grupos irregulares sus operaciones de campo.
Actividades como el acoso a estudiantes, la coacción en Centros Escolares, asi como el nuevo delito vinculado al Trafico Ilícito de Armas de Fuego son mecanismos que permitirían dar herramientas de ley a los órganos de seguridad y a la Fiscalía misma para ser más efectivas en la disuasión y persecución del delitos y sobre todo reducir el impacto de las actividades criminales a nivel de los territorios, sobretodo evitar que hayan más homicidios y sufrimiento en la familia salvadoreña. Estas medidas vendrían a sumar al paquete de medidas extraordinarias anunciadas previamente por el ejecutivo, las cuales ya se han puesto en marcha, y se convierte en un gesto de compromiso por parte de la fiscalía para sumarse a la respuesta inmediata que el Estado está realizando para contener el auge criminal que azota actualmente al país.
Sin embargo, la inquietud surge a partir de analizar si aun sin contar con estas reformas de ley propuestas, no existen, en la actual legislación, las herramientas suficientes para que los órganos de seguridad realicen de manera efectiva su labor de combate al crimen. ¿Es un problema de leyes o de Diseño? ¿Es un vacío en el ordenamiento jurídico o una falta de claridad en el diseño de estrategias efectivas? ¿Es una discusión instrumental sobre herramientas de ley o hecho falta la suficiente voluntad política de parte de todas las instituciones del Estado para comprometerse con erradicar los altos niveles de criminalidad. No cabe la duda que están medidas vendrán a complementar una necesidad de actualización y contextualización del ordenamiento a las demandas de la realidad actual del país y no cabe la menor duda del enorme esfuerzo realizado por instituciones como la Policía Nacional Civil para combatir el crimen.
Sobretodo, lo que hará falta es que se consoliden los escasos consensos alcanzados a fuerza del dolor de la población y los cuales han ejercido la suficiente presión en las carteras de Estado y las fuerzas políticas para actuar con mayor seriedad. A estas medidas habrá que acompañarlas del consenso ciudadano suficiente, evitando que se creen espacios para el abuso por parte del Estado bajo excusa de la persecución del delito y el único mecanismo para asegurar la sostenibilidad y la confianza de dichas acciones, más allá del interés meramente electoral o partidista que pudiera generarse, es que se consoliden instancias como el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como el espacio de articulación de una fuerza nacional en favor de la paz y del desarrollo con justicia en El Salvador.
