Pastor Mario Vega/Misión Cristiana Elim
La responsabilidad del Estado de perseguir el delito es irrenunciable. Su deber es proteger la vida y los bienes de los ciudadanos tomando las medidas que sean necesarias y suficientes para ello. Ese deber no debe delegarlo o trasladarlo a los ciudadanos pues, tal cosa, sería una renuncia a su responsabilidad y un signo peligroso de debilitamiento de la institucionalidad. El límite para las medidas de persecución al delito son el respeto a los derechos humanos, los cuales son inalienables. También el respeto a la legalidad, a los protocolos y a los tratados internacionales. En medio de la vorágine violenta que vivimos es escandaloso que no se hagan esfuerzos por frenar, investigar y mucho menos castigar las evidentes y múltiples violaciones a esos principios.
No se puede resolver la barbarie con más barbarie, no se puede resolver la impunidad con más impunidad, no se puede resolver la crueldad con más crueldad, no se puede vencer la violencia con más violencia. Mientras tanto, el trabajo de prevención de la violencia sigue siendo una materia siempre postergada. Por muchos intentos que los funcionarios hacen por afirmar que las medidas extraordinarias son una extensión del Plan El Salvador Seguro, del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, nada más alejado de la verdad. El plan no contempla medidas específicas de carácter punitivo ya que no es su función y tampoco lo que se le ha pedido hacer. El Plan El Salvador Seguro es una propuesta a favor de la prevención de la violencia yendo a las raíces que la provocan. Mientras que el gobierno está empeñado en controlar el vapor que sale de la olla hirviente, el Plan El Salvador Seguro es una propuesta para apagar el fuego que hace hervir a la olla.
La impresión de estos meses es que el Plan El Salvador Seguro ha sido dejado de lado para priorizar el aspecto represivo. Como ya se dijo, la prevención no sustituye y tampoco es opuesta a la represión. Pero, dado que no se percibe la misma contundencia en el tema de la prevención ni se decretan medidas extraordinarias de prevención de la violencia, el sabor que queda es que se está postergando todavía más el esfuerzo que debió haberse iniciado hace dos décadas atrás. De esa manera, se nos conduce por un callejón sin salida en donde los supuestos logros en el campo represivo no podrán ser sostenibles en el tiempo. El incremento del aprisionamiento y el endurecimiento de las leyes nos conducen a un colapso mayor del sistema penitenciario y deteriora mucho más la ya casi nula capacidad del Estado para rehabilitar a los reclusos.
Mientras tanto, las condiciones de marginalidad y desarraigo continúan incrementándose y fortaleciendo el ciclo migratorio que conduce a más hogares rotos y éstos a mayor negligencia infantil y ésta a mayor incorporación a las pandillas y éstas a mayores migraciones. La verdad es que no se está haciendo nada significativo ni sostenido para romper con ese ciclo que alimenta interminablemente a las pandillas. El Plan El Salvador Seguro es una apuesta limitada en su alcance y en el tiempo. Pero es un primer paso para comenzar. Pero si ni siquiera se comienza por allí, no hay motivos para que las personas sensatas puedan abrigar algún tipo de esperanza de solución cierta.
