Por: Pastor Mario Vega
En la discusión sobre el uso de los fondos recaudados a través de la Contribución Especial para la Seguridad se encuentra como telón de fondo las ideas de las partes para explicar el fenómeno y la dinámica de la violencia juvenil. Resulta sorprendente que después de tantos años de reflexión e intentos fallidos todavía se continúe pensando que la epidemia de violencia que vivimos será resuelta por medio de la represión. Si ese fuera el camino, las medidas adoptadas de manera creciente en los últimos dieciocho años ya tendrían que haber producido algún fruto. Pero basta pasar revista a los hechos para comprender que ese es un camino muy equivocado. En un año preelectoral como el actual es comprensible que los partidos políticos, siguiendo una tradición maligna, incrementen sus propuestas populistas a fin de ganar adhesiones. Ese es un camino políticamente incorrecto, pero lo es aún más en nuestras condiciones de país en donde tales apuestas cuestan millares de muertes cada año. Es necesario que el asunto se aborde con mayor responsabilidad y con la seriedad que la vida humana demanda.
La discusión gira en torno al artículo 11 de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, que norma el uso de los fondos recaudados. Se mencionan inversiones en aspectos como la recuperación de espacios públicos, reducción de la deserción escolar, reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres, fomento de la resolución alterna de conflictos, incremento de la judicialización efectiva de delitos graves, reducción de la mora en las investigaciones, mejora de las condiciones en los centros penitenciarios, desarrollo de programas de reinserción y prevención del delito, protección, atención y reparación de las víctimas, creación y conservación de oportunidades de trabajo. Todas esas acciones, de acuerdo a la propuesta de reforma, serían eliminadas para concentrarse exclusivamente en las puramente represivas.
La sensatez indica que la distribución original de los fondos tiene por objeto neutralizar los factores de riesgo de la violencia para mitigar los componentes del caldo de cultivo que impulsa a los jóvenes a delinquir. Es una comprensión amplia de las causas de la epidemia de violencia y busca, consecuentemente, su solución. La propuesta de concentrar los fondos en la represión se basa únicamente en la opinión ciega que encarcelando o eliminado a todos los miembros de pandillas la violencia cesará.
Dieciocho años de una práctica creciente de esa idea deberían ser suficientes para entender que los resultados no pueden sino cada vez más dolorosos e inhumanos, en tanto que empeora la situación de seguridad. Mientras se siga pensando por ejemplo que la protección, atención y reparación de las víctimas es desperdiciar dinero -que pudiera emplearse para comprar más balas- seguiremos muy descaminados de la tragedia humana que se vive a diario y que nos vuelve insensibles al dolor siempre y cuando el mismo sea ajeno. Hemos llegado al punto en que las comunidades han comenzado a pronunciarse en contra de los abusos e incluso en contra de la presencia de las fuerzas del orden público. Algo se está haciendo realmente mal para que eso esté ocurriendo. Es tiempo de ser más humanos y solidarios con los pobres que son los principalmente afectados por la violencia homicida. No es correcto construir populismo sobre montones de cadáveres de hermanos.
