A finales de 2017, el International Crisis Group, una transnacional no lucrativa que persigue prevenir, mitigar o resolver conflictos sociales violentos, publicó su estudio sobre el caso salvadoreño titulado «Política y violencia perpetua en El Salvador».
En la investigación se repiten desde una óptica independiente las mismas cosas que por años hemos dicho bastantes salvadoreños, sin haber sido tomados en serio. Dado que el estudio constituye una excelente recapitulación de las raíces de nuestro problema de seguridad, resulta pertinente tenerlo en cuenta en este inicio de año, cuando se hacen resoluciones por hacer mejor las cosas.
El estudio afirma que la crisis de seguridad se ha utilizado repetidamente con fines electorales y en una tendencia a congraciarse con las demandas populares de más mano dura contra las pandillas, a pesar de los efectos perjudiciales que tal enfoque tiene.
Se ha producido una alternancia en el poder, pero no se ha dado una alternancia en el enfoque de seguridad, sino un ascenso continuado de medidas represivas que han alcanzado niveles de brutalidad y el colapso del sistema penal, de tribunales y de la policía. El modesto crecimiento económico del país continúa impulsando a los jóvenes a incorporarse a las pandillas donde encuentran la opción de sobrevivir por medio de las extorsiones u otros negocios de las pandillas.
A pesar de que el tema del diálogo se ha satanizado, la realidad obliga en las comunidades pobres a sostener encuentros diarios con las pandillas. Lo mismo ocurre con el trabajo que realizan las iglesias y las ONG. Esos esfuerzos no son desconocidos para las autoridades y resultan importantes para desarrollar las condiciones para un futuro proceso de pacificación que necesariamente tendrá que pasar por el diálogo.
La opinión de Crisis Group es que se debe aprobar el marco legal para la rehabilitación e inserción de jóvenes que desean retirarse de las pandillas a través del trabajo de las iglesias y de las ONG. También reconoce la integralidad del Plan El Salvador Seguro y exhorta al gobierno central a implementar plenamente sus cinco ejes a la vez que se equilibra la inversión entre la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y la prevención de la violencia.
También anima a los partidos políticos a promover iniciativas multipartidarias de seguridad y apoyar en la implementación del Plan El Salvador Seguro asignándole los recursos económicos que corresponden a su integralidad.
Termina el estudio con las siguientes palabras: «En el marco del Plan El Salvador Seguro, el gobierno ahora tiene la oportunidad de lanzar programas de rehabilitación concertados y aprovechar el gran número de pandilleros que aparentemente estarían dispuestos a salir de la vida delictiva (…) El hecho de que el FMLN y ARENA se hayan alternado pacíficamente en el poder durante los últimos 25 años tras una guerra civil brutal es una señal de que los salvadoreños son capaces de encontrar la reconciliación frente a las adversidades. El país y sus vecinos continuarán expresando su indignación hacia los actos criminales de las pandillas. Pero esta violencia es la manifestación más reciente, y probablemente no la última, de la larga y dolorosa brecha social del país. Una brecha que, de ser ignorada por la actual y futura política de seguridad, estará condenada a prorrogar la violencia durante varias generaciones».
