Por: Pastor Mario Vega Misión Cristiana Elim
Las campañas de «Mano dura» y de «Súper mano dura» no fueron nada más que campañas de publicidad electoral que no se tradujeron en acciones consistentes en el terreno. Al asumir el actual gobierno lo hizo con un discurso innovador que equilibraba las acciones de prevención de la violencia con las de persecución del delito. Mientras el discurso se ha conservado hasta el final, en la práctica, se ha producido la mayor acción represiva de la posguerra. La prensa la ha llamado la guerra contra las pandillas y su apuesta fue la de usar la violencia para remediar la violencia. Los ejes básicos de la guerra contra las pandillas fueron: aislar a los cabecillas, golpear a los mandos medios y cortar las extorsiones. El aislar a los cabecillas se logró trasladando a las dirigencias nacionales de las pandillas al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca y decretando las medidas extraordinarias que han sido tan censuradas por defensores de derechos humanos y con claros elementos de inconstitucionalidad. Pero el mando en las pandillas posee una sucesión casi interminable y pretender neutralizarlas apuntando a sus liderazgos es una ilusión. El único asunto en juego es la mayor o menor agresividad que los mandos puedan tener y a veces se puede pasar de los menos guerreristas a los más agresivos.
En cuanto a golpear a los mandos medios se recurrió al uso desmedido de la fuerza. De acuerdo con la Fiscalía General de la República del año 2014 a junio de 2017 se produjeron 1,607 «enfrentamientos» que dieron como resultado un total de 1,325 personas muertas a manos de agentes de seguridad del Estado. Un número que supera el de cualquiera de las grandes matanzas de la guerra civil. La situación se tornó tan escandalosa que provocó las significativas visitas a nuestro país del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas Zeid Ra’ad Al Hussein y la de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales Agnes Callamard. En el desarrollo de la solución violenta se alcanzó el pico en el aciago año de 2015 cuando los niveles de violencia llegaron a niveles inauditos. La violencia estalló, la sangre corrió y, para 2018, un estimado de 235,700 personas han sido desplazadas de sus viviendas. En el torbellino las fuerzas de seguridad fueron arrastradas al conflicto dando como resultado el asesinato de más de un centenar de policías, militares y custodios de penales.
El éxito de los ejes anteriores debería reflejarse en una reducción sostenida de las extorsiones, tal como lo propuso el plan inicial, pero los hechos muestran lo contrario. En 2018 las denuncias por extorsión presentadas a la PNC incrementaron en un 2.5% en relación con el año anterior. En resumen, la actual administración entregará el país en condiciones de seguridad similares a las que lo recibió. El número de homicidios en 2014 fue de 3,912 y en 2018 de 3,340, es decir, 570 homicidios menos. Pero no se debe perder de vista que en 2018 hubo un total de 3,514 reportes de desaparecidos, un número superior al total de homicidios. Estamos de vuelta al principio del quinquenio, solamente que sobre 23,140 muertos más. La apuesta por resolver el problema de seguridad por medios represivos violentos ha demostrado ser ineficiente y de altos costos humanos. Son hechos que están allí para quien desee verlos. Es una ratificación de que la violencia no se mitigará mientras no se trabaje a conciencia en resolver las causas que la provocan.
