POR RICARDO SOSA
@jricardososa
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En las últimas semanas se ha escuchado de parte de altos funcionarios del ejecutivo y de miembros de un instituto político la posibilidad de que el Estado salvadoreño brinde autorización y facilidades para que la población tenga a disposición armas de fuego para que ejerza su propia defensa ante la criminalidad por medio de organizar comités ciudadanos, dicha propuesta debe de estudiarse a profundidad, ya que en mi opinión implicaría grandes riesgos; considero una medida inadecuada, populista,incorrecta, carente de todo respaldo científico y criminológico, que busca manipular la opinión y conciencia de la ciudadanía que esta ansiosa que en esta oportunidad con esta “nueva propuesta” se erradique el crimen y la impunidad al cometer delitos.
Como se esta haciendo costumbre en nuestro país ahora la moda es utilizar los medios de comunicación masivos, redes sociales, videos o cualquier otro medio para tomar el pulso a la población y diferentes sectores y analistas; de esta manera se pretende correr menos riesgos de repudio popular ante cualquier decisión en materia de seguridad pública.
A continuación expongo algunas condiciones que en El Salvador no hacen viable considerar esta posibilidad:
- Desde el mes de julio del año dos mil quince El Salvador se encuentra ubicado en el nada honroso primer lugar como el País más violento del mundo en base al parámetro más usualmente utilizado que es el índice de homicidios por cada cien mil habitantes que para el año anterior fue de 104.
- San Salvador se ubica dentro de las veinticinco ciudades mas violentas y con más crimen en América Latina, y ocupa en Centroamérica el primer lugar en los delitos contra la vida y patrimonio.
- Nuestra sociedad salvadoreña se encuentra enferma, históricamente hemos sido violentos desde épocas de la colonia, y nos hemos convertido en sociedad intolerante de esto existe evidencia con casos de homicidios por disputas de parqueo, ruidos en las casas, fiestas hasta altas horas de la noche, casos pasionales, disputa de vía pública entre otros. La sana convivencia no se encuentra en su mejor momento, y esto aplica a cualquier colonia o residencial no importando su nivel económico.
- Las Armas de fuego que se asignen a estos comités ciudadanos que sean robadas a la población abastecerán al crimen organizado y expondrán a los ciudadanos ante un ataque de delincuentes.
- La población civil no tiene capacitación ni adiestramiento en uso de armas de fuego; los ciudadanos que tiene autorización de parte del Ministerio de Defensa por medio del registro de armas se someten a examen teórico, psicológico y un exámen que se le denomina práctico pero en el cual no se dispara en polígono autorizado, sino que consiste en desarmar y armar un arma de fuego determinada, y en un gran número reprueban cualquiera de los tres exámenes para obtener su licencia de uso y portación de arma de fuego.
- Es predecible un alza de Homicidios por situaciones no relacionadas a crimen y delincuencia sino por hecho de intolerancia, matonearías y cualquier tipo de disputas; lo cual vendría a aumentar nuestros indices de homicidios como país en el concierto mundial.
- En El Salvador el 85% de los Homicidios aproximadamente son cometidos con armas de fuego, el incrementar la presencia de armas de fuego en el territorio nacional estaría facilitando el comedimiento de homicidios y de otro tipo de delitos.
- Los asaltos a residencias podrían generar que los delincuentes asesinen de una vez a los residentes presumiendo que estarán armados y convertir en blanco a las colonias, residenciales, comunidades ya no solo por el patrimonio sino como fuentes de provisión de armas de fuego.
- El poder obtener el permiso de portar un arma de fuego debe de ser considerado un privilegio, y cumpliendo los requisitos que la Ley de armas establezca; lo cual implica que se cumpla un determinado perfil psicológico, salud mental y no padecer ninguna patología como psicosis de guerra o delirio de persecución, no solo por el hecho que este ciudadano forme parte de un grupo de comité ciudadano o como se le designe.
- El control del estado salvadoreño sobre la población que tiene permisos de licencia y matricular de armas de fuego es débil; mientras la licencia y matricula se encuentra vigentes no existe ninguna actualización de datos, de almacenaje, de ubicación física, si se utiliza o no el arma de fuego, etc.
Mientras el estado no recupere el control de los territorios que están dominados por el crimen organizado, en donde la autoridad competente armada como la PNC y FAES así como la FGR les resulta difícil el acceso es utópico pensar que un comité de ciudadanos “armados” va a recuperar el orden y territorio frente a criminales que están acostumbrados a matar, robar y destruir. La seguridad es responsabilidad del estado y no puede ser transferida a los ciudadanos.
