Esta semana fuimos testigos de reacciones y protestas debido al acuerdo de quiénes conformarán parte del ente rector del agua de acuerdo con lo que plantea la Ley General del Agua. Las reacciones fueron variadas y no se hicieron esperar debido a lo delicado que este tema es para nuestro país.
En el Art 84 de la Constitución leemos que el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental, comprende: “…El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente…” Asimismo leemos en el Art. 117 “Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la Ley.” Por lo cual podemos ver que los recursos naturales (incluidos el agua) son propiedad del Estado (de toda la población) y por ello deben ser administrados para el bien común.
De manera que hablar de privatizar un recurso como el agua no se vuelve constitucional, ni viable bajo estas condiciones. Pero ¿qué debe cambiar en la gestión de este vital líquido? Por lo menos cuatro ejes deben ser revisados en este vasto y primordial tema:
- Debemos mejorar la calidad del recurso hídrico para la toda la nación.
- Hay que asegurar que los costos de la gestión sean cubiertos por el Estado con participación ciudadana a un precio justo y accesible.
- Hacer eficiente el aparato estatal que vela por la administración es este recurso. (ANDA)
- Brindar a todo el país la accesibilidad al agua, como parte del cumplimiento del Art. 1 de la Constitución de la República que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Sin agua no hay vida.
Si entendemos por privatizar el buscar mejorar el servicio del agua podemos estudiar modelos estatales eficientes como los planteados en la Serie de Reflexiones sobre políticas sociales y ambientales del CAF, en su boletín No.2 titulado “Equidad e Inclusión social en América Latina: Acceso universal al agua y el saneamiento.” Acá dejo el vínculo para su análisis http://publicaciones.caf.com/media/29403/libro_agua_saneamiento_baja.pdf Donde, entre otras cosas, se habla del modelo de descentralización utilizado por Colombia y otros países para hacer aún más eficiente la administración de este vital líquido.
Si entendemos por mantener estatizado este recurso, como una justificante para la corrupción, para el pobre abastecimiento, para el descuido de los acueductos cuya vida útil está por caducarse y para hacer cobros injustificados; debemos cambiar el error de pensar que una cosa es sinónima de la otra.
Seguiremos pendientes de los avances en este tema pues es de suma importancia para todos y todas.
Mauricio Castellón
Presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador.
