POR RICARDO SOSA
@jricardososa
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Una de las decisiones más peligrosas en materia de seguridad es tomar decisiones basadas en percepciones de la población, y esto parece que aplica al tema que esta en debate en diferentes medios de comunicación luego de algunas recomendaciones y propuestas de juzgar a los menores infractores como adultos aprovechando la coyuntura de las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno, modificaciones a cuerpos de ley solitadas por la FGR y apoyadas por la Asamblea Legislativa en la supuesta hipótesis que gran parte de los delitos están siendo cometidos por menores de edad que pertenecen a las pandillas.
Revisemos algunas cifras oficiales que nos brindarán soporte, durante el año 2014 la PNC efectuo 67,040 detenciones para adultos y 8,240 adolescentes entre los 12-17 años, por lo que podemos establecer que el 90.7% de las detenciones totales son de personas adultas y un 9.3% menores de edad son los que cometen delitos en El Savador y que tienen una orden administrativa o flagrancia. Es decir uno de cada diez detenidos por delitos es menor de edad.
En el período del año 2015 al 7 de marzo de 2016 fueron procesadas 156.250 personas por algún delito, donde los menores de 18 años solo representan el 6,38 %. Del porcentaje total de procesados fueron condenados 12.231 salvadoreños únicamente el 8,79 % fueron niños o adolescentes.
Si modificamos el enfoque anterior en la niñez y adolescencia y los colocamos en el papel de “víctimas denunciadas”, encontramos que a inicio del 2015 a marzo del 2016, 13.627 menores de edad fueron víctimas de algún delito.
Nuestra legislación es contundente en darle un trato preferencial a los menores de edad, el artículo 34 de la Constitución expresa que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado; el siguiente artículo, el 35, establece que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de las niñas, niños y adolescentes, y garantizará su derecho a la educación y a la asistencia, y para quienes tienen conductas antisociales constituyentes de delitos les garantizará un régimen jurídico especial.
El involucramiento de menores de edad en las pandillas tiene una corresponsabilidad de culpa el estado, la sociedad y la familia (art. 13 LEPINA) pues la omisión de actividades a favor del goce de los derechos de la niñez y adolescencia es determinante para su desarrollo; nuestro país ofrece para los menores de edad en especial para la población que reside en comunidades de riesgo o donde hasta la fecha mantienen control del territorio, falta de oportunidades reales, desintegración familiar, exclusión, deserción escolar, acceso a drogas y alcohol, maltrato infantil (sexual, psicológico, físico, laboral), una comunidad con cultura de violencia, donde la televisión, la calle y las pandillas les permiten encontrar identidad, el segmento de la población denominados NINIS (ni estudian, ni trabajan que se estima son entre 250,000 y 300, 000 salvadoreños) que se convierten en un caldo de cultivo para las pandillas y el crimen organizado, ofreciéndoles un estilo de vida basado en consumo, ropa, vehículos, drogas, mujeres, armas de fuego con los referentes de sus comunidades los denominados “palabreros” o alguno de sus denominados “homeboy”. Detrás de todo este esquema y de una manera planificada esta la utilización y manipulación de los ADULTOS, cabecillas de estas estructuras del crimen organizado a los menores de edad.
No se puede justificar la actuación de los menores de edad en grupos delincuenciales pero durante el presente año existe únicamente un incidente en la Ciudad de Mejicanos en donde supuestamente dos menores de edad entre los 11-12 años según los reportes de la Policía de la localidad asesinaron en el punto de la ruta dos a un joven que se dedicaba a lavar buses como es usual surgieron diferentes hipótesis sobre el asesinato pero la que cobro mayor fuerza fue por robarle su aparato móvil que era un denominado teléfono inteligente.
El juzgar a los menores infractores como adultos requiere de todo un proceso largo y un camino tortuoso que inicia con “denunciar” a los tratados internacionales suscritos por El Salvador, una reforma constitucional por la Asamblea Legislativa y que debe ser ratificada por la Asamblea entrante en el año 2018, así como la modificación a los cuerpos normativos vigentes. Ubicaría a nuestro país en una posición internacional nada favorable y con las seguras consecuencias de falta de apoyo económico internacional en materia de niñez y juventud, encendería las alarmas en el concierto internacional en otro tipo de cooperaciones por incumplimiento a tratados internacionales.
Los menores de edad y en especial los adolescentes desarrollan su conciencia cognitiva a los 16 años aproximadamente bajo condiciones normales e ideales de desarrollo, antes de esta edad falta madurez, no se tiene conciencia plena de lo bueno y lo malo, son aspectos cientificos; el crimen organizado aprovechando que es coordinado y dirigido por adultos utiliza a los menores de edad en sus actividades como mal denominados “postes” vigilando entradas y salidas de comunidades, asignandoles telefonos celulares para que informen cuando ingresa la PNC o el ejército o cualquier persona que no sea de la comunidad, llevan telefónos celulares a micros y pequeños empresarios para que “el adulto” amenaze y cometa la extorsión, narcomenudeo; sin justificar o defender a estos menores de edad existe una realidad son manipulados, inducidos y utilizados por adultos, y es a los adultos a quienes debería de caerles todo el peso de la ley con penas agravantes ya que se están aprovechando del criterio legal de la ININPUTABILIDAD. Para esto se requiere un trabajo efectivo y eficaz de inteligecia policial y de la FGR para poder llegar a cada estructura delincuencial y poder establecer otros elementos como los padres de este menor son pandilleros, a que tipos de estructuras del crimen organizado pertenecen. Hay que tener mucho cuidado de tomar medidas populistas que al oido del ciudadano pueden parecer solución ante el clima de violencia y crime. El involucramiento de los menores en delitos requiere un abordaje integral, desde el hogar, la comunidad, la escuela, cumplir los compromisos de adecuar el sistema normativo a la LEPINA; la imputabilidad e inimputabilidad no deberia de ser la edad sino su capacidad de discernimiento que es basicamente conocer y querer que es considerado CAPAZ y esto se lo debe de determinar el equipo multidiscipliario y hacerlo del conocimiento de los jueces para que tomen sabias decisiones apegadas a la ley.
