Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana Elim
Durante años, las iglesias evangélicas se han empeñado en alcanzar a los miembros de pandillas aprovechando la única puerta que, por ahora, permanece abierta para su salida pacífica: la conversión al evangelio. El dramático cambio de vida que se produce en esos jóvenes ha sido constatada y sistematizada por diversos estudios, entre los que destaca el del sociólogo Robert Brenneman (2012). Una vez las personas han tenido una transformación radical, el siguiente gran reto para las iglesias es el de completar su inserción social. El primer gran escollo es el de ubicarlos en una plaza laboral, lo más formal posible, para que puedan ganarse la vida junto a su núcleo familiar. El encontrar una oportunidad laboral para personas que no tienen formación académica ni experiencia y con antecedentes penales y, a veces, tatuajes, es bastante complicado. No obstante, la mayor dificultad es la inexistencia de un recurso legal al cual los jóvenes puedan acogerse para dedicarse a cultivar su nuevo estilo de vida.
A pesar de que su forma de vida es diferente, sus condiciones existenciales siguen siendo las mismas. Siguen siendo jóvenes, pobres y residentes de barrios y comunidades pobres, lo cual, los coloca en el perfil de sospechosos para la PNC y la Fuerza Armada. Eso supone el ser sometidos a constantes acosos, interrogatorios, malos tratos, golpes, amenazas y detenciones arbitrarias. La situación se vuelve tan opresiva que produce desaliento en algunos jóvenes que optan por huir del país o, en el peor de los casos, volver a la pandilla donde se sienten más seguros. Esa realidad, desalienta a otros muchos jóvenes con deseos de cambiar sus vidas pero que no ven en la sociedad una oportunidad para reiniciar sus vidas.
Se han cumplido ya diez años desde la primera vez que se ofreció una «Ley especial de retiro y rehabilitación de miembros de pandillas, maras, agrupaciones y organizaciones de naturaleza criminal», como se le llamó en ese tiempo. Pero, el ofrecimiento no ha pasado de ser tal desde entonces. De continuo se elogia el esfuerzo que las iglesias hacen por transformar la vida en las comunidades, se reconoce su abnegación, su vocación de servicio y su habilidad para hacer mucho con casi nada. Pero, los discursos y palabras de reconocimiento no se traducen en un recurso legal que pueda respaldar un trabajo en el que se podría haber avanzado muchísimo en los años pasados. Lo último que se escuchó del tema es que en la Asamblea Legislativa había tres proyectos de ley de inserción. Las diferencias entre ellas no eran mayores, pero representaban elementos que para los partidos políticos parecían ser puntos de honor. Con la desaparición del Consejo Nacional de Seguridad, se disolvió la expresión más articula que la sociedad poseía para recordar, presionar y orientar sobre la necesidad de la ley.
El drástico cambio en el panorama electoral salvadoreño, a partir de las dos últimas elecciones, postergó el proyecto en la agenda de los partidos políticos que se han enfocado en otras prioridades. Pero, para las iglesias que día a día ven derrumbarse meses de trabajo cuando los jóvenes son detenidos y remitidos injustamente a un sistema judicial saturado, la ley de reinserción continúa siendo una necesidad apremiante. Es el mínimo que las iglesias necesitan para continuar transformando y salvando de la muerte a la niñez y la juventud.
