El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer recientemente su informe sobre los derechos humanos de 2016. En relación a El Salvador, el informe recopila informaciones que reflejan el poco aprecio que a la vida humana se le da en nuestro país. El informe habla tanto del irrespeto a los derechos humanos que hacen los miembros de pandillas como los miembros de las fuerzas de seguridad. En relación a los primeros, el informe dice: “Los principales problemas de derechos humanos se derivan de la extorsión generalizada y otros delitos en comunidades pobres de todo el país”. Más adelante añaden: “Cada pandilla tiene su propio territorio controlado. Los miembros de las pandillas no permiten que las personas que viven en una zona controlada por otra pandilla entren en su territorio, incluso cuando viajan en transporte público. Las pandillas obligan a las personas a presentar tarjetas de identificación (que contienen sus direcciones) para determinar adónde viven. Si los miembros de una pandilla descubren que una persona vive en el territorio de una pandilla rival, esa persona podría ser asesinada, golpeada o impedida de entrar en el territorio”.
En relación a las fuerzas de seguridad, el informe afirma: “Durante el año no hubo informes verificados de que el gobierno o sus agentes hubieran cometido asesinatos por motivos políticos. Sin embargo, hubo reportes de involucramiento de las fuerzas de seguridad en asesinatos ilegales. A partir de octubre, el Fiscal General estaba investigando 53 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Uno ocurrió en 2013, ninguno en 2014, 11 en 2015 y 41 en 2016. La Fiscalía anunció también la formación de un Grupo Especial contra la Impunidad, dedicado a investigar este tipo de delitos. Hasta marzo, la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH) había recibido 12 denuncias de presuntos asesinatos ilegales cometidos por agentes de seguridad, militares y otros funcionarios públicos, y encontró pruebas sustanciales en dos casos. En septiembre, la PDDH declaró que tenía conocimiento de aproximadamente 50 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales. De enero a julio, la Oficina de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que 12 oficiales de la PNC fueron acusados de homicidio. Todos, menos uno de los presuntos homicidios, fueron cometidos mientras los oficiales acusados estaban de servicio”.
Cuando se habla de violaciones a los derechos humanos las personas se inclinan a reconocer como tales los cometidos por las pandillas, en tanto que los cometidos por las fuerzas de seguridad se consideran como justificados, a pesar que los niveles de crueldad y arbitrariedad utilizados son similares. Por la misma razón, se acusa sin mayor reflexión de aliados o de miembros de pandillas a las personas, organizaciones e iglesias que señalan los abusos de las autoridades. Esta vez, el señalamiento lo hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos, del cual nadie sensato afirmará ser un aliado de las pandillas. Más bien, deberíamos comprender que algo grave está ocurriendo con las fuerzas de seguridad y que, en lugar de resolver un problema de violencia lo estamos convirtiendo en dos. En la medida que la población resulta víctima de uno u otro bando, la desesperanza aumenta y eso es muy peligroso para el país. No podemos darnos el lujo de perder la esperanza, estamos aún a tiempo para reaccionar.
