La prevención es la cenicienta del tema de seguridad. Por un lado, es despreciada por la población que, harta de violencia, desea salidas rápidas sin reparar en que con su ira vengativa multiplica lo que desea remediar. Por el otro lado, también es despreciada por los políticos que, sedientos de proselitismo, procuran salidas rápidas a un problema cuya solución no tiene atajos. Tales desprecios no permiten que la prevención se aborde con la seriedad que requiere y la espiral violenta continúa alimentándose a sí misma año tras año.
Un ejemplo de ello es la manera como la Asamblea Legislativa distribuye la Contribución Especial para la Seguridad o impuesto a la telefonía. El Plan El Salvador Seguro ha sido diseñado de manera que un 73 % de la inversión se haga en acciones de prevención en tanto que solamente el 7 % se enfoque en el eje de la persecución del delito. No obstante, en el semestre comprendido entre enero a junio del corriente año se asignó un 38 % de los fondos para prevención en tanto que un 44 % en el rubro de persecución. Esa disparidad debilita el Plan al despojarle de los fondos adecuados para atender el eje de la prevención. Además, es importante hacer constar que dicha asignación se logró a fuerza de argumentar con partidos dentro de la Asamblea que proponían una asignación aún más desequilibrada.
El énfasis en el tema de la prevención no niega ni anula los esfuerzos que deben realizarse en el campo de la persecución del delito. Esa es una responsabilidad ineludible del Estado. Pero, de la misma manera que se aplica toda contundencia a la persecución, debería darse igual contundencia al tema de la prevención.
La gran cruzada contra los cabecillas de las pandillas resultará a la larga inútil si no se hace nada para evitar el surgimiento de nuevas generaciones de jóvenes en conflicto con la sociedad que tomarán el lugar de aquéllos. Se trata de un ciclo interminable de sucesión en el liderazgo de las pandillas que no se detendrá mientras no se desarrollen planes serios y sostenidos de prevención que atiendan a las causas del problema. Pero si se niegan los fondos, la prevención seguirá condena a ser siempre mendiga, limitada, estrangulada e ineficiente. Todo ello, para mal de la ciudadanía; que si bien es cierto que presiona para que se tomen medidas cada vez más violentas, terminará por pagar un altísimo precio de sangre para convencerse de su error cuando ya sean demasiadas las víctimas.
Mientras tanto, las iglesias y otras organizaciones para-eclesiales continúan trabajando con fondos propios en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Pero, continuamente enfrentando grandes obstáculos para completar la inserción social de los jóvenes redimidos. Uno de los obstáculos es la carencia de la ley de rehabilitación e inserción de ex miembros de pandillas, la cual, fue ofrecida por primera vez en septiembre de 2010 y que hasta el día de hoy continúa acumulando olvido en algún archivo.
La falta de un marco legal que ofrezca garantías a los jóvenes rescatados se convierte en un elemento que desanima a otros que también preferirían abandonar sus actividades delictivas si supieran que serán respetados por la policía y el ejército y aceptados en su nueva vida sin sufrir abusos. Todas estas cosas son las que se necesita cambiar para comenzar a tener un poco de esperanza si es que soñamos con un El Salvador seguro.
