Cada 25 de Noviembre se conmemora el “Dia Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, es la forma más extrema de discriminación y en muchos países provoca grandes cantidades de asesinatos y feminicidios a nivel mundial.
En un reciente informe por Naciones Unidas se refiere que en 87 países entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto
El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia para las mujeres conocida como LEIV que pretende detectar, prevenir, atender, proteger, reparar, erradicar, respetar, sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y que se respete sus derechos humanos como una obligación del Estado para garantizar su calidad de vida. Por medio de siete tipos de violencias iniciales plasmadas en la misma. Lo que representa un gran avance. Y se debe de avanzar a tipificar más tipos de violencia.
En nuestro país es evidente las desigualdades de poder y relaciones de confianza entre hombres y mujeres que se han perpetuado por medio de la violencia y le han limitado su desarrollo integral y ejercer plenamente sus derechos, y más cuando las mujeres representan la mayoría de la población.
No existe censura contra la violencia en especial la denominada violencia simbólica expresada en nuestro país por medio de canciones, publicidad, afiches, señoritas bailando con ropa ajustada generalmente en licras en las aceras de los servicios de lavados de vehículos como una manera de atraer clientes hombres en sus vehículos, mujeres que son utilizadas en la calle en especial en semáforos o zonas de congestionamientos vehicular para promover productos y servicios. La violencia contra ellas está a todo nivel.
Tenemos una sociedad machista en la cual la violencia ha estado y sigue presente desde tiempos previos a la conquista, hay larga data de somos una sociedad violenta que busca por medio de esta vía la solución a todo tipo de problemas y las victimas predilectas son las niñas y mujeres.
Se debe de evitar que el mismo sistema revictimiza a la mujer por lo que es importante la actualización y revisión de esta ley que como otros son sujetas a mejoras para que las víctimas tengan una atención inmediata y que no estén a cada momento repitiendo la historia. En cuantas ocasiones desde que llega la mujer a una sede policial el agente de guardia siempre con su pregunta típica ¿Cuénteme qué le pasó? y la victima comienza casi en la entrada o calle de la oficina a “contar” la historia y si tiene contenido sexual no faltaran las preguntas que involucran su intimidad, para que minutos después le diga: pase adelante en la segunda puerta la van atender, no se puede seguir permitiendo estas situaciones. Y seguro estoy que no será la última vez que debe de relatar su drama.
Los Jueces de Paz no tienen su equipo multidisciplinario, como el Estado va evaluar adecuadamente la salud mental de las víctimas? y esto definitivamente no lo puede proporcionar en este momento los Juzgados.
Es lamentable que los tomadores de decisión en el Órgano Judicial tengan alrededor de únicamente doce profesionales entre psicología y psiquiatras para atender a todas las víctimas, y siete centros de atención a nivel nacional, el llamado es que contraten más profesionales y habiliten más oficinas, como mínimo una por cada departamento que siempre es insuficiente, cómo se les va atender adecuadamente? Si las cifras estadistas del año 2016 nos refleja más de 10,000 mil casos de violencia intrafamiliar con más de 30,000 personas atendidas.
Es necesario capacitar y especializar a los Jueces para que se evite a toda costa juzgar en base a prejuicios, y si hay alguna supuesta irregularidad de un Juez se deben de utilizar los recursos que brinda la ley para denunciar y que la CSJ investigue su actuación.
Quisiera ver a la CSJ, FGR, PNC, ISDEMU, y otras Instituciones reunidas permanentemente, y que las denominadas ONG fortalezcan su defensa y propuestas a las Instituciones.
El Estado salvadoreño sin duda tiene saldo en rojo al cierre del año 2017 en materia de evitar la violencia contra las niñas y mujeres.
